Santiago Muñoz Machado
Santiago Muñoz Machado
Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba) es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como de la International Academy of Comparative Law. En el año 2013 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo por su obra Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo.
Es autor de más de una treintena de libros, así como de centenares de artículos, prólogos, participaciones en congresos y reuniones especializadas. Entre sus trabajos jurídicos más relevantes destaca el Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General y el Derecho de la Regulación Económica que constituyen sendas obras de referencia en la especialidad. Otras monografías relevantes son La reserva de jurisdicción y La Unión Europea y las mutaciones del Estado.
De sus obras de investigación histórica sobresalen Los grandes procesos de la historia de España (2002), El problema de la vertebración del Estado en España. Del siglo XVIII al siglo XXI (2006), Sepúlveda, cronista del Emperador (2012) y Civilizando a los bárbaros (el discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2012).
Cofundador de la Escuela Libre de Derecho y Economía, Muñoz Machado ha compaginado la docencia con el ejercicio de la abogacía, en los ámbitos del Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho de la Unión Europea. Es director de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho.
MH. Es posible que estemos equivocados, pero no habíamos visto a una generación de juristas (ius publicistas, o juristas de Estado) con tanto interés por la Historia como la suya. Por poner sólo algunos ejemplos cercanos, García de Enterria escribió sobre la Revolución Francesa, Alejandro Nieto sobre Mendizábal y, sobre todo, usted mismo obras relevantes de investigación histórica. Se han consagrado como verdaderos historiadores profesionales. ¿A qué se debe este fenómeno?
R. Los estudios históricos han sido siempre una herramienta fundamental para la explicación del derecho. No solo ahora. La interpretación de las leyes según sus antecedentes sigue siendo un criterio básico para desvelar su sentido. La configuración histórica de las instituciones es importante en todos los sistemas jurídicos: lo es fundamentalmente para los sistemas de common law, lo fue para la escuela histórica centroeuropea (o la catalana decimonónica entre nosotros), sigue teniendo un enorme peso el originalismo para la interpretación de la Constitución norteamericana, etc. El recurso a la historia ha estado particularmente presente en el derecho público: de Jovellanos procede la idea de Constitución histórica; de Martínez Marina los estudios sobre las antiguas leyes del Reino en que debía basarse la Constitución nueva; Campomanes ocupó la dirección de la Academia de la Historia durante decenios. Todos los cultivadores de una nueva disciplina nacida en el siglo XIX, el derecho administrativo, hicieron en sus manuales y ensayos historias de las instituciones. Al empezar el siglo XX Adolfo Posada elaboró una historia general del régimen local; la primera de esta clase, etc…
Los administrativistas que, en la segunda mitad del siglo XX, han utilizado en sus libros y estudios la explicación histórica de las instituciones son todos herederos de esa misma tradición. A los nombres que cita habría que añadir con buenas razones el de Sebastián Martín-
Sus referencias a los nombres de García de Enterría, Alejandro Nieto y al mío abarcan no una generación sino tres; no solo por las diferencias de edades sino por la manera de abordar los estudios históricos. Enterría empleó los antecedentes para explicar el origen histórico de las instituciones que más le interesaron, que fueron las nacidas alrededor de la gran revolución iniciada en 1789. Nieto ha hecho estudios históricos de mucho mayor alcance, vinculados a épocas completas del derecho alemán (la burocracia prusiana) o español (especialmente la época de la regencia de María Cristina, a principios del siglo XIX). Aunque Nieto se ha mantenido siempre en la órbita de los estudios históricos jurídico políticos. En mi caso, me parece que es un poco distinto porque he utilizado los estudios institucionales como Enterría y sus antecesores (por ejemplo, en mis libros La sanidad pública en España, o Expropiación y jurisdicción); pero también lo he hecho para analizar largos períodos históricos con pretensiones más generales (por ejemplo, El problema de la vertebración del Estado en España. Del siglo XVIII al siglo XXI); y, en fin, apartándome de esa tradición, también he publicado estudios históricos que no tienen ninguna vinculación con el derecho sino que son, en este sentido, «historia general». Por ejemplo, mi Sepúlveda, cronista del Emperador (Edhasa, 2011), o, entre los libros en publicación: Fernando el Católico: transformaciones de un mito político; Las reliquias como símbolo político, etc. También podría mencionarse el libro sobre Los grandes procesos de la historia de España que dirigí, que es un recorrido general de la historia de España a través de asuntos judiciales o controversias jurídicas que tuvieron gran relevancia.
MH. Después de sus obras El problema de la vertebración del Estado en España. Del siglo XVIII al siglo XXI (2006), Sepúlveda, cronista del Emperador (2012) y Civilizando a los bárbaros (el discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el que trata acerca de los títulos jurídicos de la colonización española en América), ¿qué nos tiene preparado próximamente en el ámbito de la Historia?
R. Como acabo de decir, tengo en la imprenta un librito sobre Fernando el Católico, y otro sobre las reliquias como símbolo político. Pero el más importante en este ámbito histórico será un libro que titularemos Historia de la abogacía y de los abogados españoles, que esperamos ver publicado al final de este mismo año. Es un libro colectivo que dirijo, en el que participan más de cuarenta autores y que, después de una introducción sobre el derecho romano, arranca de nuestro derecho medieval y llega hasta la regulación actual de la abogacía. No será una historia legal, sino que trato de que los estudios analicen la figura del abogado y su posición en la sociedad, en la política, además de estudiar las características que ha tenido a lo largo del tiempo la profesión y su ejercicio.
MH. En sus trabajos de investigación históricos surge inevitablemente el vínculo entre las realidades políticas y su conformación jurídica. En otra de nuestras recientes entrevistas, al profesor Luis Ribot García, afirmaba que «[…] desde los Reyes Católicos se crea un modelo de poder real –lo que tradicionalmente se ha llamado Estado, aunque ahora no se utilice tal concepto por los problemas que plantea para esta época– muy efectivo y bien organizado, que es sin duda el más avanzado entonces de Europa«. ¿Hemos ido hacia atrás desde entonces, en cuanto a la articulación jurídica de nuestro Estado?
R. No. Es errónea la creencia de que el Estado español quedó construido a partir de los Reyes Católicos. Hubo entonces una unión personal que permitió gobernar diferentes reinos dotados de tradiciones e instituciones muy diversas. Mi generación, más que la suya, ha aprendido una historia de España muy centrada en Castilla. Tienen razón los nacionalistas catalanes cuando se quejan de la marginación de Cataluña en esas historias. Pero nada de ello justifica la barbaridad de sustituirlas por otra mucho más parcial que solo enseña la historia de Cataluña como si fuera una entidad política y socialmente aislada del resto de los reinos peninsulares. Peor aún si la historia se cuenta de forma errada o falseada.
El proceso de unificación continuó lentamente en la etapa de los austrias y se fortaleció mucho con los borbones, especialmente a partir del constitucionalismo. Ahora, en efecto, puede decirse que vamos hacia atrás, porque lo que se reclama por los nacionalismos periféricos es la restitución de formas de gobierno que estaban al borde de la desaparición ya en los siglos XVI y XVII y que son estructuras arcaicas actualmente inservibles.
MH. En su obra de 2006 sostenía que la desvertebración del Estado en España es el resultado natural de las reclamaciones de diversidad de los territorios periféricos, para cuya integración no se hicieron los esfuerzos necesarios durante los siglos XVIII y XIX, cuando tal vez hubiera sido posible. Pocos años después publicaba el imprescindible Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo (2012) por el que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo 2013, del que hicimos una recensión en esta web. ¿Estamos a tiempo aún de conseguir, en los comienzos del siglo XXI, una España vertebrada?
R. Si, claro que estamos a tiempo. Nunca hay que perder la esperanza. Alguna vez sentarán la cabeza los políticos y se pararán a pensar en los problemas del Estado. Los juristas los tenemos identificados y podemos expresar con cierta precisión, cuando nos pregunten, qué hay que hacer para mejorar las instituciones y cuáles necesitan reparaciones.
El problema más importante ahora es, naturalmente, Cataluña. Dicen que ya no hay más solución que la política, pero cualquier fórmula que se utilice para arreglar la situación necesitará ser instrumentada jurídicamente. Al final de tantas tensiones se abrirán camino la sensatez y el acuerdo.
MH. Miembro de la Real Academia Española en el año 2013 y de la de Ciencias Morales en 2012, ¿qué aportan realmente las Academias a nuestro paisaje cultural?
R. Las Academias son todas distintas y tienen misiones muy variadas. La Española no tiene nada que ver con Morales y Políticas o con Jurisprudencia. Administra aquélla el buen uso de un idioma que hablan 500 millones de personas. Es emocionante y muy interesante trabajar en una corporación que tiene tales fines. La Academia de Morales, como otras especializadas, aporta reflexión y estudio sobre sus temas propios. Teniendo en cuenta que las personas elegidas académicos tienen a sus espaldas una trayectoria intelectual y profesional que suele ser muy relevante, sus opiniones o la atención que presten a los asuntos propios de la Academia son muy importantes para preservar el patrimonio cultural e intelectual dentro del ámbito de las competencias de cada una de ellas.
MH. A algunos de nosotros la primera mitad del siglo XVI nos parece una de las épocas más brillantes –o si se quiere, esperanzadoras-
de la Historia europea, y ya también americana, con el Emperador como figura clave. ¿Qué significa, en ese contexto, la elección de Sepúlveda como tema de su libro?
R. He estudiado con apasionamiento la vida y obra de Sepúlveda. Era un personaje conocido muy parcialmente. Su obra está toda escrita en latín y resultaba difícilmente accesible. Por lo demás, toda su actividad intelectual se resumió en una famosa polémica con fray Bartolomé de las Casas, en la que se atribuyó la peor parte a Juan Ginés. He rescatado el personaje por completo para probar que fue un humanista importantísimo durante dos tercios del siglo XVI, no solo por su posición de asesor de papas y cronista de reyes, sino por su muy relevante obra histórica, teológica, filosófica, jurídica, y las curiosidades que nos dejó en materia astronómica, epigráfica, etc.
He disfrutado mucho escribiendo Sepúlveda, cronista del Emperador, y los críticos de la obra y sus lectores suelen decirme que se nota.
MH. Los itinerarios de la libertad de palabra (su discurso de ingreso en la Real Academia Española en mayo de 2013) nos ofrece, de nuevo, un recorrido histórico por los Estados y sociedades occidentales desde principios del siglo XVI hasta la actualidad, para dar cuenta de la lucha por alcanzar aquella libertad. ¿Ha sido este uno de los fenómenos históricos que finalmente podríamos dar por consolidado?
R. Desde luego que no. Han quedado perfiladas muchas instituciones y técnicas jurídicas adecuadas para la protección de la libertad de palabra, pero cada período histórico tiene sus propios problemas. Al principio fue la libertad de imprimir. Pero a medida que fueron apareciendo los medios de comunicación se plantearon problemas nuevos: la prensa suscitó una revolución en relación con la simple impresión de libros. Más tarde la radio y la televisión supusieron aperturas sorprendentes de la libertad de expresión. En la actualidad Internet es el reto.
MH. Ningún «jurista de Estado«, por emplear de nuevo la expresión que usted reivindicaba en aquel discurso para referirse a sus antecesores (Lardizábal, Jovellanos, Martínez Marina, Ranz Romanillos, Burgos, Pacheco, Alcalá Galiano) puede quedarse hoy indiferente ante el desafío soberanista de algunos partidos políticos catalanes. ¿Cómo juzga usted, desde su doble posición de jurista y de historiador, ese desafío?
R. Entrarán en razón los separatistas. En mil años de historia de Cataluña, nunca ha sabido actuar al margen de una entidad política superior en la que integrarse. Cuando peor se ha llevado con España, ha buscado alojamiento en Francia, pero fracasando. El Estado democrático aguantará la tensión soberanista y la reconducirá a fórmulas constitucionales estables. Vamos a pasar por una fuerte crisis, pero saldremos.
MH. Nos habíamos propuesto no hacerle preguntas sobre cuestiones estrictamente jurídicas pero es inevitable, a la vista de su producción bibliográfica, que hagamos alguna referencia a ellas. En concreto, ha editado –y dirigido-
usted una colección de libros sobre el Derecho de la Regulación Económica que bien pudiera considerarse como la respuesta jurídica, desde el ámbito del Derecho Público, a los problemas económicos de nuestro tiempo. ¿Asistimos también a un cambio histórico de paradigma en este orden de cosas o estamos resucitando el colbertismo con otros nombres?
R. Estamos reconstituyendo las técnicas de intervención pública en la economía. Esta intervención es casi tan antigua como el Estado y ha revestido, a lo largo de la historia, fórmulas que reaparecen cíclicamente. Cambian los nombres pero no del todo la sustancia. Pasamos por períodos de fuerte intervención, e incluso de asunción por el Estado de tareas de gestión de actividades económicas y empresas, y por otras etapas de fuerte liberalización. Pero todo ello responde a políticas económicas que tienen más o menos un siglo de duración. Si analiza la historia de España desde finales del siglo XVII hasta hoy, verá cómo de exacto es ese ciclo secular. Todo ello sin perjuicio de que los tiempos avanzan y los problemas son más complejos, como lo son la economía y la sociedad de nuestro tiempo.
MH. Desde Metahistoria observamos con cierta «sana envidia» el éxito de fenómenos editoriales en el ámbito cultural. Su sello editorial Iustel ha logrado en muy pocos años hacer que El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho sea la revista jurídica española de mayor impacto en los foros de índole política, económica y social. Denos la receta, por favor.
R. Estoy muy contento con el éxito de El Cronista. Algunos colegas, cuando lo fundé, me auguraron el fracaso advirtiéndome que no encontraría ni escritores para rellenar una revista de cultura jurídica y humanística como la que había proyectado. Pero afortunadamente se equivocaron. Ha llenado un hueco; es, en efecto, incomparable con cualquier otra revista tradicional, consigue un gran impacto siempre y, por mi parte, estoy más que satisfecho. ¿La receta? Quizá tratar de mezclar dosis iguales de imaginación, información, entusiasmo, gusto por el trabajo bien hecho, preocupación por España, seguimiento puntual de quiénes son los escritores e intelectuales que saben más de cada asunto…
